Barracones

64.000 alumnos en barracones

El número de escolares que estudian en aulas prefabricadas crece con los recortes. La solución coyuntural se prolonga varios años en muchos casos

El PAÍS ELISA SILIÓ / JUAN MANUEL JÁTIVA 24 NOV 2013

La crisis aprieta y, aunque a principios de la legislatura, los dirigentes proclamaban el fin de los barracones escolares, estas aulas prefabricadas siguen en pie y llenas de niños. Más de 64.000 alumnos estudian este curso en módulos provisionales, según un recuento realizado por este periódico tras recabar datos de todas las comunidades autónomas, salvo Castilla-La Mancha, que se ha negado a facilitar esa información. El esfuerzo de algunas regiones por acabar con la precariedad de estas instalaciones —Madrid, Aragón y Baleares, entre ellas— no ha logrado compensar el efecto de los recortes. Para muestra, este dato: el curso 2009/2010 arrancó con 61.400 alumnos en barracones, según FETE-UGT.

Al Defensor del Pueblo llegan muchas quejas de padres por las malas condiciones en las que estudian sus hijos. Por eso intervino de oficio ante las autoridades competentes en 2010 y en 2011, y ha vuelto a poner el problema sobre la mesa en su último informe, a la vista de que la situación va a más. “El proceso de sustitución de las aulas previsto se ha visto ralentizado por los recortes experimentados por las inversiones en el ámbito educativo”, señala Soledad Becerril en su escrito. Por ello reclama a las Administraciones que anticipen de forma más precisa el volumen y ubicación de la demanda de plazas escolares.

Las aulas prefabricadas se clausuran en una localidad y brotan en otra, al ritmo del crecimiento de nuevos barrios en las periferias de las ciudades. En algunos casos, las Administraciones prefieren edificaciones eventuales porque los estudios demográficos indican que el aluvión estudiantil es coyuntural y las clases se quedarían vacías en poco tiempo. Lo saben bien en el colegio Luis Solana de Méntrida, una localidad toledana limítrofe a Madrid. Muchas parejas jóvenes se han instalado allí huyendo de los precios de la capital y el colegio es incapaz de asumir tanto alumno. De sus 660 estudiantes, un tercio, de infantil y primaria, están en módulos. “Se supone que era una solución pasajera para tres o cuatro años y llevamos 10”, denuncia Miguel Ángel Muñoz, presidente de la asociación de padres. Están contentos con su programa bilingüe, con el profesorado y con los medios informáticos, pero echan de menos lo más básico: un edificio con cimientos. “En invierno no pasan frío con la bomba de calor, pero en verano, pese al aire acondicionado, se cuecen. El barracón tiene techo de hojalata”, cuenta el presidente.

“Yo solo he estado un año en barracones y asocio la experiencia a una sensación de minusvaloración tanto del alumnado del profesorado” comenta Pau Díaz, un profesor afiliado a CC OO. “Si recibías a un padre y protestaba, por muy buena disposición que tuvieras era difícil contrarrestar la idea de que para la Administración lo que estábamos haciendo no era importante. El contexto es significativo para el aprendizaje, sobre todo cuando se produce en una zona con problemas sociales. Recuerdo que siempre teníamos el aire acondicionado encendido, un ambiente cargado y al final del día dolor de cabeza. Y, por supuesto, cuando llovía, el agua corría por los pasillos”, explica.

En Cataluña, la consejera Irene Rigau avanzó hace unos meses que no se volverá a construir una escuela en los próximos 10 años, pese al incremento de alumnos de primaria y secundaria. Otra vez la crisis. Su intención es reciclar edificios municipales o escuelas cerradas. La realidad es que los barracones han crecido este curso hasta los 1.008 —unos 20.000 alumnos— en 405 centros, después de tres años de descenso.

Cuentan los padres de la escuela Cau de la Guineu de Corbera de Llobregat (Barcelona) que sus niños cogen un libro y lo leen sentados en las escaleras o en unas mesas dispuestas en los pasillos y, a falta de espacio, comen en el aula. Al centro le faltan las clases de primaria —125 alumnos estudian en barracones—, un gimnasio, un comedor grande, una biblioteca, una cocina, aula de informática… “Las maestras se inventan mil y una cosas para que no echen nada en falta. A esa edad los niños todavía no saben cómo debe ser un gimnasio. Pero los padres, sí”, tercia Raquel Montfort, miembro de la asociación de madres y padres de alumnos. Así que, como medida de protesta y para hacerse oír, van a editar un calendario en el que los padres aparecerán sin ropa con los cuerpos pintados.

Dino Salinas, experto en didáctica y organización escolar, advierte de que las aulas prefabricadas “solo se pueden aceptar como un mal menor si son provisionales”. “Los barracones son habitaciones que pueden servir como aulas convencionales, pero difícilmente puedes intentar hacer con ellos un laboratorio, una buena biblioteca, un aula de audiovisuales y, desde luego, de ninguna manera un gimnasio, con lo cual el alumnado se encuentra en condiciones de desigualdad respecto a otros centros que a lo mejor tiene al lado”, señala.

Si se trata de una solución coyuntural, el ideal que plantea Salinas, las comunidades suelen alquilar las casetas, pero si la intención es mantenerlas más de tres años acostumbran a comprarlas. El alquiler anual de cada uno de los módulos cuesta entre 6.000 y 8.000 euros, según las fuentes consultadas.

En Andalucía, los módulos —allí conocidos como caracolas— se concentran sobre todo en la costa de Málaga y en Granada. En este momento, son 689 unidades, 316 más que el curso anterior. El alumnado ronda los 17.000. Fuentes de la Junta señalan que Andalucía es la comunidad que más obra educativa licita de toda España y que el 70% se está ejecutando o está prevista. El PP, sin embargo, recuerda que hay colegios que llevan en estas condiciones 10 años.

El Gobierno vasco, que tiene 81, se jacta de que un aula prefabricada no tiene que ser sinónimo de precariedad —en muchos casos disponen de aire acondicionado o una calefacción cuyo calor no se pierde como en centros centenarios mal aislados—. Aseguran que “ninguna” de estas escuelas es estructural. Como en Madrid, donde solo quedan tres centros en obras. “En el primer trimestre de 2014 no quedará ningún prefabricado en la Comunidad”, señalan. El freno a la inmigración ha favorecido que en Baleares queden 775 niños en barracones, mientras que hay casi cuatro veces más en Canarias (2.525). Este curso en la Comunidad Valenciana habrá 600 aulas, para 18.000 estudiantes.

“Nos han hecho tantas promesas que desconfiamos cuando dicen que lo van a hacer nuevo”, dice María Jesús Algás, directiva de la asociación de madres y padres de alumnos del Colegio número 103, nacido en barracones hace cinco años junto a la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia. Acostumbrados a las goteras, “tenemos carencia de todo lo que prescribe la ley”, recuerda, en alusión al aula de informática, la biblioteca o el gimnasio inexistentes. Por no hablar del baño de profesores, donde “difícilmente podría cerrar la puerta una persona embarazada o simplemente grande”. “Nos dijeron que eran los mejores barracones del mercado”, evoca con ironía, “cuando son contenedores tuneados”.

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El colegio número 103

EL PAÍS JUAN MANUEL JÁTIVA 24 NOV 2012

Es todo un símbolo porque es el único centro escolar de la tercera capital de España que está completamente instalado en contenedores tuneados de obra, como denominan los padres y madres del colegio número 103 a lo que la Generalitat llama aulas prefabricadas. También porque está en el entorno de la Valencia escaparate del mundo que representa la Ciudad de las Artes y las Ciencias, donde se han invertido centenares de millones, pero no ha alcanzado la calderilla para construir un colegio canónico. Y también, quizá, porque su caso ha sido recogido por televisiones extranjeras.

Cuatro años hace que pidieron por registro de entrada “una valla en condiciones” para los niños de 3 a 8 años que llevan toda su vida escolarizados en barracones, como explicaba la vicepresidenta del Ampa del centro, María Jesus Algás el viernes en el pleno municipal. “La falta de alarma y seguridad, también por la altura de la valla”, que “ha propiciado robos”, se añade a la mala instalación de las tuberías, que provoca atascos en los lavabos “creando problemas de higiene”, además de olores, óxido y humedad.

l presidente del Ampa, Ulisses Calabuig, decía que más bien parecía una valla “de separar ganado”, y marcar un espacio donde no están separados los alumnos de infantil y primaria; carente de biblioteca, gimnasio y aula de informática, y donde el aula de música se moja si llueve, cosa usual en el otoño valenciano.

“Se solicita a la honorable consellera de Educación” que “cumpla con la obligación de mantener y conservar el centro en las debidas condiciones de salubridad e higiene en tanto titular del mismo; y previa la tramitación correspondiente proceda a la construcción, con carácter de urgencia, del centro definitivo en aras a abandonar la situación de provisionalidad actual del CEIP número 103”. Así concluía el recurso de alzada presentado por los padres de este colegio sin nombre, provisional en sus instalaciones y el suelo que pisa.

María Jesús Algás recordaba que la licencia de obras del centro ya había caducado al no haberse “construido el colegio en el terreno que cedieron en 2010”. Se dirigía al teniente de alcalde Miquel Dominguez, porque la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá se fue del pleno cuando esta madre empezó a hablar.

La Consejería de Educación “prevé construir un nuevo centro en la medida que exista disponibilidad presupuestaria”. Califica las aulas como “las mejores que existen en el mercado y en la Comunidad Valenciana, porque están hechas con metal forrado en chapa y se pintan cada año para evitar que se oxiden. Algás asgura que no es cierto y muestra una foto tras otras de zonas oxidadas como prueba. En cuanto a “mantenimiento, conservación y vigilancia”, remite al Ayuntamiento. El concejal socialista Félix Estrela presentó una moción sobre la situación del centro y el concejal delegado de Educación, Emilio del Toro, habló de unas aulas “cuya habitabilidad es correcta”.

El colegio 103 es la estrella de la llamada “ruta del despilfarro” que organiza el colectivo Xarxa Urbana en Valencia y que este sábado centró su recorrido en la enseñanza pública. En esta ocasión estuvieron acompañados por familias del colegio Evaristo Calatayud de Montserrat que, además de reivindicar con un calendario erótico el transprote escolar, llevan más de cinco años dando clases también en barracones.

Junto al solar escolar ubicado al lado de las Naves Cross, la comunidad del colegio 103 reiteró el temor a que en lugar de construirles el prometido centro público, el colegio acabe convirtiéndose en uno de los anunciados centros de inicaitiva social (CIS). El hecho de que la consejería no desvele dónde se construirán esos centros privados sobre suelo público alimenta sus temores. Se trata de una fórmula más de privatización, mediante la cual las empresas privadas concursan para obtener una concesión de explotación del servicio educativo por un tiempo determinado. El suelo es público, la gestión privada y el profesorado concertado.

Aunque en un principio se habló de una cantidad muy superior, fuentes de la consejería afirman ahora que va a promover siete u ocho CIS, y que “Valencia y Alicante, así como otras ciudades por determinar”, albergarán estos centros. “Se construirán en aquellos lugares donde exista demanda”, para dar respuesta a más de 7.000 familias que solicitan anualmente centro concertado”.

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